:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/3UWRFYGWR5DPHMCTBGLW4W7AC4.jpg "La pandemia obligó a Pemex recortar 100.000 barriles diarios durante mayo y junio del año pasado.")
El tiempo se termina. Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le quedan menos de tres años para lograr la soberanía energética que prometió desde la campaña presidencial y que ha sostenido durante su administración. Hasta ahora, las metas propuestas no alcanzan la mitad de las estimaciones iniciales.
Como mandatario electo, el político repitió que bajo su gestión, el gobierno rescataría a Petróleos Mexicanos (Pemex) para aumentar la producción de petróleo, recuperar la capacidad total para refinar crudo y construir en un periodo de tres años una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, para reducir los precios de los petrolíferos.
El gobierno destinó aproximadamente 150,000 millones de dólares al presupuesto de las dos gigantes estatales desde el inicio del sexenio, según datos recopilados por Bloomberg Línea. Pese a la inversión, que supera lo enviado a otros rubros que cobraron importancia a raíz de la crisis económica y sanitaria por la pandemia, las metas se estancan.
La producción
El presidente prometió que el país produciría 2.4 millones de barriles diarios de crudo hacia 2024, pero incluso antes de la emergencia sanitaria, la compañía mexicana incumplió sus propios pronósticos y se enfocó en frenar la caída y estabilizar la producción mediante el desarrollo de 20 campos prioritarios.
La pandemia obligó a la petrolera mexicana a recortar 100.000 barriles diarios durante mayo y junio del año pasado, como parte de un complejo acuerdo con la OPEP+.
Luego de dos años consecutivos de fracasos en las metas, López Obrador anunció el 18 de marzo de 2021 que México solo extraerá un máximo de dos millones de barriles diarios de crudo durante su sexenio con el objetivo de reducir las exportaciones y aumentar la refinación nacional de petróleo, además de evitar el “uso excesivo” de combustibles fósiles y no afectar “la herencia de futuras generaciones”.
La refinación
El 1 de diciembre de 2018, durante su discurso de toma de posesión en el Congreso de la Unión, el presidente reforzó la promesa de campaña. “Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles”.
Pero para lograr un control de precios, el gobierno tendría que prescindir por completo de la importación de combustibles, los cuales están sujetos a referencias de mercado —como el precio del crudo y de futuros de gasolina RBOB—, además de que la Sener estima que incluso con la nueva refinería, la demanda de combustibles superará la producción nacional hacia 2032.
Qué falta: A pesar de las multimillonarias inversiones para rehabilitar las refinerías, estas son insuficientes. La falta de equipo y el exceso de residuos petroleros con almacenamiento insuficiente impiden aumentar la refinación de crudo en las instalaciones.
El CEO de Pemex anunció el 12 de mayo una inversión por 2,600 millones de dólares para una coquizadora en la refinería de Tula, la cual permitirá reducir el combustible sucio y aumentar la producción de gasolina y diésel, aunque el proyecto tardará tres años en completarse.
La electricidad
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/HBFKG65VTVAKZLIFKVEPZPXX7U.jpg "El objetivo del gobierno es que la Comisión Federal de Electricidad produzca el 54% de toda la energía del país.")
El 27 de julio de 2018, tras presentar a Rocío Nahle como titular de la Secretaría de Energía (Sener), Octavio Romero en la dirección general de Pemex y Manuel Bartlett al frente de la CFE -la triada cercana al mandatario que estaría a cargo del sector energético- López Obrador envió el mensaje de que su atención estaría en las hidroeléctricas.
“Vamos a empezar por modernizar las hidroeléctricas porque tenemos la infraestructura subutilizada, se trata de generar energía eléctrica con las presas que existen actualmente con los embalses que se tienen porque es generar energía eléctrica barata y limpia”.
En qué consiste: El programa estratégico del gobierno se centra en modernizar las 60 centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad para producir electricidad limpia y barata, además de que la empresa produciría 54% de toda la energía del país.
El problema: Los objetivos chocan directamente contra los cambios constitucionales que implementó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto con una de sus reformas estructurales, la energética de 2013, que abrió el sector a inversionistas privados.
El estado mexicano y las empresas ahora están inmersos en múltiples batallas legales ante los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, mientras el presidente revela su intención de reformar la Constitución Mexicana para favorecer aún más a la empresa eléctrica estatal.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), uno de los grupos de presión más importantes de la iniciativa privada, reveló en abril que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica desencadenó 120 amparos de empresas.
“Es una pérdida de tiempo. El sector privado no viene ni se dedica a poner amparos. Queremos construir infraestructura que necesita México”, declaró el presidente de la Comisión de Energía del CCE, Roger González Lau en abril de 2021.
Pero el gobierno obtuvo una victoria cuando un tribunal especializado en competencia económica revocó el 15 de julio una suspensión definitiva a la reforma eléctrica ante el argumento de que la legislación actual no dañan a las compañías privadas.
Sin ver el horizonte
La pandemia de COVID-19 sumergió a la industria energética en la peor crisis de su historia, con precios del petróleo alcanzando el terreno negativo y una caída del consumo eléctrico superior a 10% en su temporada de mayor demanda. No obstante, la administración de López Obrador aumentó para 2021 el presupuesto de Pemex y mantuvo casi sin cambios el de la CFE.
El investigador y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado en energía y economía, Ángel de la Vega Navarro, asegura que el retraso responde a objetivos de corto plazo, “envueltos en improvisación y sin estudios previos”.
Un ejemplo ocurrió en mayo de 2019, cuando quedó desierta la licitación para gerente de proyecto de la refinería de Dos Bocas, después de que la Secretaría de Energía invitó a empresas “serias y especialistas”, como Bechtel, KBR y Technip, las cuales no pudieron cumplir con los requisitos presupuestales y de tiempo que planteó el gobierno mexicano.
Otro ejemplo es la producción petrolera de Pemex y los 20 campos prioritarios que presentó Romero Oropeza, CEO de Pemex, los cuales enfrentan retrasos en las perforaciones de pozos y por ende, en los incrementos de producción estimada, parcialmente por la falta de plataformas y pagos a proveedores.
No todo está perdido
Uno de los logros energéticos más significativos hasta ahora que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que Pemex aumentó las reservas probadas de petróleo de forma consecutiva desde 2019. Este indicador es fundamental para los proyectos de inversión de las petroleras, además de ser una variable relevante para su calificación crediticia.
El futuro que alcanza
Marco Cota, director de la consultora Talanza Energy, considera que el gobierno atraviesa una “nostalgia monopólica” de la década de 1960, donde no había espacio para la competencia, una palabra que resulta incompatible con la visión “nacionalista” del gobierno.
“Cuando un gobierno tiene monopolios legales están prohibidos otros participantes”, comenta.
Al preguntarle si las metas propuestas aún son alcanzables, Cota responde que incluso se pueden implementar subsidios y encargarse de bajar el precio de los combustibles, sin embargo estas medidas son de corto plazo. “Puede incluso tener un programa de subsidios con principio y un fin, pero de forma indefinida, no hay gobierno al que le alcance”, añadió.
Los analistas coinciden en que el gobierno se desenvuelve en una economía abierta, con un acuerdo comercial vigente entre Canadá, Estados Unidos y México, pero la administración en funciones, autodenominada ‘cuarta transformación’, manda señales de incertidumbre que generan problemas y alejan a la inversión privada.
López Obrador, lejos de apoyarse en las contribuciones privadas, persigue acuerdos casi personalizados para presumir logros y compromisos alcanzados bajo su gestión. “Un gobierno que identifica las necesidades de un sector energético con demandas muy complejas, y tiene un marco legal abierto, no puede tomar decisiones personales”, concluyó De la Vega.
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