:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/67YUNJACLJERJCAE2LL6WTK7LA.jpg "Una oblea de silicio de 300 milímetros en la planta de semiconductores de Globalfoundries Inc. en Dresde, Alemania")
Bloomberg — La Administración Biden podría invocar una ley de seguridad nacional de la era de la Guerra Fría para obligar a las empresas de semiconductores a proporcionar información sobre el inventario y las ventas de chips, dijo el jueves la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.
El objetivo es aliviar los cuellos de botella que han paralizado la producción de automóviles y causado escasez de productos electrónicos de consumo en Estados Unidos, así como identificar un posible acaparamiento, indicó Raimondo en una entrevista.
Durante meses su equipo ha buscado claridad sobre cómo las empresas asignan su oferta de semiconductores. Pero reuniones anteriores que convocaron a empresas de diferentes sectores industriales no han llevado a una mayor transparencia y muchas empresas se han negado a entregar datos comerciales al Gobierno.
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Actualmente, el departamento de Comercio está solicitando a las empresas que completen cuestionarios en un plazo de 45 días en los que proporcionen información sobre su cadena de suministro. La solicitud es voluntaria, pero Raimondo advirtió a los representantes de la industria que de no obtener respuesta, podría invocar la Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en inglés) u otras herramientas.
“Lo que les dije es: ‘No quiero tener que hacer nada obligatorio, pero si no cumplen, no me dejarán otra opción’”, señaló. “Estamos evaluando todas nuestras opciones en este momento, todas las herramientas. Espero no tener que tomar otras medidas, pero necesitamos ver algunos avances y definitivamente necesitamos cumplimiento”.
La DPA otorga al presidente una amplia autoridad para dirigir la producción industrial en situaciones de crisis. Los Gobiernos del expresidente Donald Trump y del presidente Joe Biden utilizaron la DPA para acelerar la producción y distribución de vacunas contra el Covid-19 y otros suministros médicos relacionados con la pandemia.
No está claro exactamente cómo Raimondo podría usar la ley para obtener información de los fabricantes de semiconductores o de sus clientes, y no nombró ninguna empresa específica.
La escasez global de chips que alimentan todo, desde computadoras portátiles hasta automóviles, ha seguido afectando la producción en muchos sectores, y encontrar soluciones a mediano y largo plazo ha sido una prioridad para el presidente Joe Biden desde que asumió el cargo.
Funcionarios estadounidenses han enfatizado repetidamente que el sector privado debe intensificar y brindar más transparencia si el Gobierno quiere abordar con éxito la escasez.
El jefe de Comercio y director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, sostuvo el jueves reuniones con algunas empresas para recalcar ese punto nuevamente. Raimondo dijo que la primera sesión “fue buena” y que los participantes fueron “extremadamente constructivos”.
La solicitud de información, y la posible aplicación a través de la DPA u otros medios, es necesaria porque hay una falta de confianza entre las empresas en relación al suministro, indicó.
“Hay acusaciones de que ciertas empresas consumidoras compran dos o tres veces más de lo que necesitan y lo acumulan”, dijo Raimondo. “Entonces, los proveedores dicen: ‘No podemos manejar una señal de demanda precisa porque los consumidores están acumulando existencias, por lo que no sabemos cuál es la demanda exacta’. Algunos consumidores están diciendo ‘No podemos obtener respuestas directas de los proveedores, ¿cómo es que me dijeron que podía tener X y ahora me dicen que solo puedo tener la mitad de X?’”.
Los problemas que enfrenta la oferta ahora se centran en gran medida en la propagación de la variante delta en países del sudeste asiático como Malasia y Vietnam, donde las plantas de semiconductores se vieron obligadas a cerrar debido a los brotes y ahora operan a capacidad reducida.
Los Departamentos de Comercio y de Estado, junto con las embajadas, tienen planeado establecer un sistema de alerta temprana para garantizar que las interrupciones en la producción relacionadas con virus se puedan abordar más rápidamente. El proceso más formal para reaccionar ante tales cierres reemplaza las respuestas ad-hoc que se han producido durante los últimos seis meses, dijo un funcionario estadounidense, que pidió no ser identificado al discutir deliberaciones privadas.
