CFE busca competencia en contratos de largo plazo: Mario Morales Vielmas

Ciudad de México — La Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca que el sector eléctrico de México funcione mayoritariamente con contratos de largo plazo y busca reducir el mercado de corto plazo altamente volátil, el cual está por encima del promedio internacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que la empresa estatal genere el 54% de la electricidad que demanda el país y el resto quede en manos de las empresas privadas. Para lograrlo, el mandatario envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución el 30 de septiembre para cancelar contratos y crear nuevos esquemas, pero las empresas privadas califican la propuesta como “expropiación indirecta”.

En entrevista con Bloomberg Línea, el coordinador de Planeación estratégica de la CFE, Mario Morales Vielmas, el hombre detrás de las decisiones y operaciones en proyectos a largo plazo de la empresa, dijo que con el nuevo esquema que propone la CFE, el 46% de participación del sector privado operaría con contratos que incluyan no solo los costos variables.

Los países operan el 97% de su sector eléctrico con contratos de largo plazo y 3% en el mercado de corto plazo altamente volátil, pero en México el segmento de corto plazo sube a 25%, según el directivo.

“¿Cómo vamos a operar ese 46%? Con los costos totales. No va haber mercado, va a haber competencia”

Mario Morales Vielmas

El mercado de largo plazo son contratos financieros bilaterales con cobertura determinada, donde un generador eléctrico fija su precio y la vende al comercializador, el cual busca tener seguridad de precio definido por un lapso establecido. En el contrato se cobran costos fijos, variables y utilidades.

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La Ley de La Industria Eléctrica determina que el operador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el Cenace, considere los costos de producción para determinar el primer despacho energético, pero el exsecretario de Energía, Pedro Joaquin Coldwell, emitió un acuerdo en 2016 en el que define que los costos de producción son iguales a los costos variables, es decir, el costo del combustible para generar electricidad, dejando fuera otros costos fijos como el financiamiento, inversiones, salarios y mantenimiento, agregó Vielmas.

El directivo expresó que el porcentaje para el sector privado que está proponiendo el presidente López Obrador es más electricidad que la demanda energética de Argentina de 148 TeraWatts-hora.

“No estamos hablando de poca cosa, sino de un gran negocio”, dijo.

Al preguntarle por la desaparición de los reguladores y el regreso del operador del sistema eléctrico y Mercado Eléctrico Mayorista a las filas de CFE, el funcionario explicó que la CRE tenía las puertas cerradas para la CFE y abiertas para el sector privado; lo mismo ocurría con el Cenace.

Morales Vielmas manifestó que si se aprueba la reforma constitucional, el Cenace utilizará un concepto llamado “despacho económico con prioridad en la confiabilidad” del sistema eléctrico, empleado cuando formaba parte de CFE, pues era el elemento más importante para el gobierno mexicano, pero también habrá despacho por mérito para las plantas eléctricas más económicas.

Competencia ¿inexistente?

Las empresas privadas y la Suprema Corte han defendido el concepto de competencia y la han elevado casi al nivel de un derecho humano tras un fallo a favor de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pero Morales Vielmas cuestionó que realmente exista competencia en el sector eléctrico.

“Decir que la competencia es un derecho humano es decir que el capitalismo es un derecho humano. Una aberración. Eso es tenerte en sus manos. No puede ser. Además, no somos un país de primer mundo, somos uno de tercer mundo donde hay una gran cantidad de mexicanos -56 millones- en pobreza”, comentó.

Explicó que el mercado marginalista creado con la reforma energética del expresidente Peña Nieto, y basado en el mercado español, protegió los contratos de autoabasto y Productores Independientes de Energía (PIE), los cuales tienen la prioridad de despacho en el sistema eléctrico, a pesar de que la Ley que les dio origen fue derogada.

Ambos esquemas nacieron en 1992 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y fueron respetados por la reforma priista de 2013 bajo la premisa de que ya no habría más y se extinguirán al terminar su vigencia.

“Estos generadores entran en automático. Es el primer despacho que el Cenace está obligado a realizar. Ellos no compiten, esta es la primera irregularidad de la competencia”.

CFE denunció en junio de 2020 que el esquema de autoabasto fue distorsionado por generadores, como la española Iberdrola y la italiana Enel, y se convirtió en un mercado negro de electricidad, donde existen 239 centrales y más de 77.000 consumidores asociados a las plantas con solo un dólar.

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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), declaró que las empresas privadas cumplen con la regulación del sector eléctrico en sus distintos modelos y que los mensajes de la secretaria Nahle y el CEO de CFE, Manuel Bartlett Díaz, están guiadas por su “ideología” y no por la “especialización técnica”.

“Tienen todo su derecho a presentar ideas y argumentos, pero no a calificar de robos a la nación a las actividades lícitas de los inversionistas”, dijo el gremio empresarial en un comunicado.

En el caso de los PIE, un modelo para vender energía a la CFE, el funcionario comentó que la legislación vigente también los protege porque los considera plantas nuevas para priorizar su despacho, pero más de la mitad tiene al menos 10 y hasta 21 años de antigüedad.

A pesar de que las plantas de energía renovable que participan en el mercado ofrecen energía barata, el Cenace toma el precio de la central más ineficiente -como la de turbogás en Yucatán, que atiende el problema de abasto eléctrico en la Península por la falta de generación y transmisión- la cual margina el precio que se paga por igual a todas las centrales.

“Ofertan energía barata, pero cobran un precio sucio y caro. A eso me refiero cuando digo que no es cierto que hay competencia, es un mercado diseñado perversamente para que las empresas ganen grandes cantidades de dinero y se las lleven a sus matrices”, declaró.

Energía sucia

Una de las principales críticas de organizaciones medio ambientales y del sector privado a CFE es el uso de plantas que utilizan combustibles sucios para generar electricidad.

Vielmas respondió que el combustóleo, un residuo petrolero altamente contaminante y dañino para el sistema respiratorio por sus elevados niveles de azufre, representa apenas 6% de la generación eléctrica total, el carbón 10% y el diésel 1%. En el caso de la planta eléctrica de Tula, explica que allí se utiliza 80% gas y 20% combustóleo, mientras se termina un gasoducto detenido por conflictos con comunidades aledañas.

“CFE posee tres carboeléctricas. China tiene 1.082 y está construyendo 92. Estados Unidos tiene 252. Alemania, que es el modelo a seguir, tiene 74 carboeléctricas″, mencionó el directivo, citando cifras de Statista de 2021.

Ante las advertencias de posibles apagones y energía más cara, Vielmas señaló que hay un exceso de capacidad instalada de 40%, pues la CRE dio permisos sin ninguna limitante donde las empresas privadas querían.

La demanda máxima de electricidad de este año fue de de 48.577 MW y la capacidad instalada en México cerrará en 89.981 MW. Para 2024, CFE estima que la demanda máxima será de 54.600 MW y la capacidad instalada por contratos autorizados será de 104.400 MW.

“No había ninguna restricción técnica, siemplemente requisitos administrativos, económicos y financieros”.

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Vielmas comentó que CFE puede pensar en el uso de nueva generación renovable, pero el factor de planta —porcentaje de tiempo en el que una central produce electricidad— de las centrales solares y eólicas es de 20 a 30%, mientras una planta de ciclo combinado de gas y vapor de última generación llega al 95%.

Agregó que el director de la empresa estatal anunciará nuevos proyectos de generación de ciclos combinados.

La última jugada

El gobierno de López Obrador y su equipo han realizado dos intentos por mejorar las condiciones de CFE: un acuerdo administrativo y una reforma a la LIE, pero fueron bloqueados con una lluvia de amparos del sector privado que concedieron jueces federales.

Vielmas recordó que cuando se oficializó la reforma a la Ley el 9 de marzo, cerca de las 17:00 horas, 14 horas después al día siguiente, el juez especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, ya había concedido un amparo.

“Ni 24 horas pasaron. Párrafos completos de la resolución eran de escritos de comunicaciones y manifiestos que la iniciativa privada había hecho. Entonces fue cuando el gobiermo dijo: Vamos a cambiar la Constitución”.

Actualmente, la participación privada representa 62% de la generación eléctrica del país, y según estimaciones de CFE, el porcentaje llegará a 71% al final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y hasta 84% en 2029 con el modelo vigente.

Si no se corrige esta tendencia, el pronóstico del representante de CFE no son los problemas de España, pero estarían las condiciones para vivir un control total y manipulación de los precios, como ocurrió con la empresa Enron en el mercado de California.

El coordinador de planeación estratégica del gigante estatal aseguró que la reforma constitucional logrará que no aumenten las tarifas eléctricas del sector residencial, incluso mencionó que podrían bajar en el largo plazo, pero declinó hacer una estimación.

La empresa cuenta con 45.8 millones de clientes; 40 millones son de servicio doméstico subsidiado por el gobierno y representan el 30% de las ventas para la empresa.

“CFE está comprometida no como una empresa, sino como un servicio público para el interés general. No le interesa si va a perder o va ganar”, declaró Morales Vielmas.