:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/2IX4B4XBGFBPXD4QVYGXHX7A7M.jpg "Un votante emite un voto dentro del colegio electoral Corferias durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bogotá, Colombia, el domingo 17 de junio de 2018.")
Bogotá — La plenaria del Senado aprobó el miércoles modificar la Ley de Garantías y con ello permitir celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos previo a las elecciones presidenciales, lo que generó el rechazo de varios sectores que consideran que representa un riesgo para la transparencia.
Las modificaciones se aprobaron en el marco del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022 por $350,4 billones, que fue avalado en la plenaria del Senado y siguió su tránsito en la madrugada hasta conseguir la ratificación de la Cámara.
Puntualmente el artículo dice que “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General”.
En el texto de la segunda ponencia, debatida este martes, se especifica que la disposición modifica únicamente el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.
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Asimismo, expone que todos los convenios que se suscriban bajo los ajustes planteados en el proyecto del PGN serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República, entidad que determinará cómo se ejercerá dicho control especial.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, consideró que no es conveniente que se haya modificado la Ley de Garantías porque “se cambia en medio del proceso electoral”.
“Veremos convenios interadminsitrativos hasta la fecha misma de las elecciones” y esto es “un premio a la falta de planeación de entes territoriales”, manifestó en Twitter.
Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, reiteró que “modificar la Ley de Garantías no es conveniente para el país, por el contexto electoral que se vive y por los antecedentes en manejo de recursos. La reactivación es necesaria, urgente, pero no por esta vía”.
Por su parte, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) lamentó que “el Congreso y Gobierno se alían para suspender la Ley de Garantías, promover la corrupción y el clientelismo. Es más, esperan que los colombianos se queden callados y hasta los premien con votos en las próximas elecciones”.
El Consejo Gremial Nacional, que reúne a 29 de los gremios más representativos del país, había reiterado a finales de septiembre “la inconveniencia de modificar el régimen de Ley de Garantías actual” y se opuso a las modificaciones en aras de “mantener inalteradas las reglas de juego en materia electoral”.
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Incluso, varios sectores de oposición le recordaron al presidente colombiano, Iván Duque, sus comentarios sobre la importancia de mantener la Ley de Garantías cuando ejerció como senador y hacía oposición al anterior mandatario del país, Juan Manuel Santos (2010 – 2018).
“Ese argumento de que con eso se va estimular la economía es un falso dilema porque hay que reconocer una cosa: un alcalde que haya hecho una buena planificación sabiendo que tiene Ley de Garantías ha debido presupuestar ese gasto desde el año anterior. Esta no es la primera vez que se dan elecciones regionales con la Ley de Garantías, así ocurrió en el 2007 y en el 2011. Y hubo unos departamentos que tuvieron una impecable ejecución del gasto porque tenían una muy planeación de esos recursos”, indicó Duque a la televisión local en ese momento.
Añadió que el Gobierno lo que estaba tratando de hacer en ese momento era “liberar gasto”, pero advirtió que eso podría traducirse en “mermelada y en la tentación de la corrupción en las elecciones locales”.
Se elimina el artículo que permitía el traslado exprés a Colpensiones
Durante la sesión también se aprobó eliminar del proyecto de ley el artículo 104 que permitía el controversial traslado exprés a Colpensiones.
Este permitía el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, siempre y cuando fueran hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años que hubiesen cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.
A propósito, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), destacó la decisión de eliminar el artículo 104 dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación, ya que “a todas luces resultaba inequitativo y oneroso para todos los colombianos”.
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Esto “toda vez que abría la posibilidad de que un reducido grupo de trabajadores de ingresos altos pudiera (sin el lleno de requisitos actualmente) trasladarse del régimen de pensiones privado hacia el público”.
“El gremio, al igual que otros sectores de la economía, de la academia y la opinión pública coincidieron en la inconveniencia de este tipo de iniciativas, caso artículo 104 -que ha sido eliminado del proyecto de PGN 2022-, y del proyecto de ley 018 de 2021, de iniciativa parlamentaria y que aún está en discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en la actualidad”.
Asofondos hizo “un llamado para que el país aborde el análisis y discusión de un proyecto de reforma pensional o de protección integral a la vejez que permita que más trabajadores logren una pensión y que el régimen público fortalezca sus acciones para beneficiar a quienes menos tienen, con recursos que bien focalizados no afecten las finanzas del Estado”.
