:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/PQY6VLYXXJH5FCJ2JD4AU2ILPA.jpg "Legisladores republicanos pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que presione a las autoridades mexicanas para detener la discriminación a las empresas.")
Ciudad de México — Un grupo de 40 congresistas republicanos acusaron nuevamente que la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Mediante una carta enviada a altos funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden, los representantes manifestaron sus preocupaciones por los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer a las empresas estatales CFE y Pemex en el sector energético, mientras excluye a las empresas privadas.
“En semanas recientes, la aplicación de acciones arbitrarias y discriminatorias han escalado. En lo que parece un uso selectivo de la autoridad, han obstaculizado y, en algunos casos, bloqueado la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles”.
La carta fue dirigida a la secretaria del Departamento de Energía, Jennifer M. Granholm; la secretaria del Departamento de Comercio, Gina. Raimondo y el secretario del Departamento de Estado, Anthony J. Blinken.
Los funcionarios se basaron en reportes de la prensa para señalar la suspensión de permisos para terminales de almacenamiento de combustibles mediante el uso de la Guardia Nacional, para forzar el cierre de 23 instalaciones y la clausura parcial de otras 17.
Esta es la segunda carta en menos de un mes que un grupo de congresistas envía a las autoridades de Gobierno del más alto nivel de Estados Unidos, para pedir ayuda ante la política energética del presidente López Obrador y el freno que está significando para las empresas privadas. El 19 de octubre, otra carta fue enviada al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
“Al iniciar su nuevo rol, respetuosamente le pedimos que muestre las serias preocupaciones que han expresado los productores de energía estadounidenses”, leía la carta anterior.
En junio, la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), modificó las reglas generales de comercio exterior para bloquear que compañías obtengan o renueven permisos para importar o exportar hidrocarburos. La misma dependencia suspendió a 82 empresas por violaciones fiscales al comercializar combustibles.
La Secretaría de Energía (Sener) canceló 1.866 permisos de importación y exportación de gasolina, diésel, Gas LP, turbosina, combustóleo y crudo.
Estas acciones contravienen la legislación existente y tiene implicaciones significativas para los negocios estadounidenses y sus trabajadores.
En 2019, la industria petrolera genera 11.3 millones de empleos en Estados Unidos y tiene un impacto cercano a US$ 1,7 billones. En 2020, México fue el mayor mercado de exportación de productos petrolíferos para Estados Unidos, contabilizando 12% de todas las exportaciones.
Los congresistas citaron al Consejo Coordinador Empresarial, uno de los grupos de presión más influyentes del país, sobre sus preocupaciones sobre los obstáculos para proteger a Pemex. También citaron a la Cofece, el regulador antimonopolios, sobre la restricción a la oferta de bienes y servicios por la restricción de jugadores privados.
“Los recientes reportes de acciones discriminatorias en contra de las compañías estadounidenses requieren una fuerte y pronta respuesta. Los exhortamos a que eleven sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas y que detengan las acciones discriminatorias”, declararon al final del documento.
