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Bloomberg Opinión — La amada pasta de avellana Nutella es un ejemplo clásico de los beneficios y costes de la globalización.

Cada año se producen unas 400.000 toneladas de ella y su cadena de suministro abarca casi todos los continentes. Ingredientes clave como el cacao, las avellanas y el aceite de palma proceden de África, Oriente Medio y Asia, y los países productores se jactan de haber sacado a su gente de la pobreza.

Sin embargo, esta red ha generado consecuencias. Las acusaciones de que se utilizaba mano de obra infantil en las granjas de avellanas de Turquía empujaron a Ferrero, la empresa matriz de Nutella, a aumentar la trazabilidad de sus suministros en 2019. La vertiginosa expansión de la producción de aceite de palma en Indonesia y Malasia se ha producido a expensas de vastas franjas de selva tropical, que Ferrero trata de contrarrestar con el abastecimiento sostenible y el seguimiento por satélite de las zonas forestales. Ahora, los ecologistas y algunos agricultores se quejan del impacto de la reubicación de parte de la producción en Italia.

Aunque la empresa que produce este alimento se esfuerza por mantener un control cada vez más estricto de los suministros, parece recibir muchas críticas políticas.

Nutella representa sólo uno de los muchos recordatorios de que las cadenas de suministro de las multinacionales están en el centro de los problemas mundiales como la lucha contra el cambio climático y el impulso para acabar con los abusos de los derechos humanos. Y, sin embargo, esta responsabilidad parece seguir tomando a las empresas por sorpresa.

La necesidad de que las empresas amplíen su rango de visión y examinen todos los aspectos de su producción ha sido una característica de la cumbre COP26, en la que los países productores de aceite de palma estuvieron entre los 100 que se comprometieron a detener y revertir la deforestación para 2030. El tema también ha estado en el centro de la conversación durante la pandemia de Covid-19, al tiempo que los confinamientos ponen en peligro a los trabajadores esenciales a cambio de una mala remuneración. A juzgar por las luchas para mantener los estantes de los supermercados abastecidos en la actual recuperación, las vulnerabilidades de la cadena de suministro se siguen sintiendo.

Aunque las empresas han recorrido un largo camino desde el cambio de siglo, cuando tomaron forma los principios de la inversión responsable, es hora de subir la vara.

La tarea corresponde primero a los legisladores. Los principios y las normas voluntarias deben dar paso a una legislación que empuje a las empresas a levantar la tapa de unas cadenas de suministro que son complejas, opacas y largas. Según John Sherman, de la Harvard Kennedy School, parece que no se mira más allá de los llamados proveedores directos de primer nivel de las empresas, el último eslabón de la cadena. Esto significa que se ignoran los problemas que surgen en la cadena.

En el Reino Unido y en la Unión Europea se han propuesto requisitos obligatorios de diligencia debida; el primero amenaza con imponer multas a las empresas que utilicen productos relacionados con la deforestación ilegal, y el segundo contempla un enfoque más amplio para castigar los daños ambientales y humanos.

Pero el objetivo de la nueva legislación debería ser mantener los beneficios de la globalización al tiempo que se reducen sus daños, en lugar de limitarse a elaborar un mayor martillo con el que golpear a las empresas. Los gobiernos deberían ayudar a las empresas aplicando sus propias leyes y principios sobre derechos humanos y medio ambiente. Los legisladores no deben limitarse a intervenir en la gestión de las empresas, exigiendo, por ejemplo, una mayor deslocalización de la producción o cambiando las normas de gobierno corporativo.

También debería haber apoyo para las pequeñas y medianas empresas, que podrían rechazar, con razón, el mayor coste relativo de las auditorías de la cadena de suministro. Un estudio sobre las normas de productos en los mercados emergentes estimó el coste de su cumplimiento en US$425.000 por empresa. Los gobiernos o las empresas más grandes, que pueden permitirse gastar más para mejorar las normas de los proveedores, pueden aportar esta cantidad de forma indirecta.

Naturalmente, las empresas manifestarán su resistencia, ya que un examen minucioso de las cadenas de suministro puede revelar sorpresas desagradables. Un mayor número de normas probablemente supondrá un aumento de los costes. Pero, al mismo tiempo, las empresas deben darse cuenta de que, al final, esto les beneficiará. Unas condiciones comerciales más justas protegerán la oferta y también impulsarán la demanda de los consumidores.

Cuanto más confianza podamos depositar en la forma en que nuestro desayuno llega a la mesa, más confianza depositarán los consumidores en los propios productos. A veces, hacer el bien en los negocios es simplemente un buen negocio.