:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/PCW3TJ53YNEMJNZYYWGWB6LVAI.jpg "Un subestación eléctrica de una central termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Estado de México.")
Ciudad de México — La Comisión Federal de Electricidad (CFE) descartó que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) considere como una expropiación a las empresas privadas el hecho de que un país proteja el bienestar público, como es el caso de la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El abogado general de la empresa estatal, Raúl Armando Jiménez Vázquez, se refirió al capítulo 14 de Inversión del acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte y la cláusula de expropiaciones indirectas al sector privado.
“Se señala en forma clara y precisa que no constituyen expropiaciones las acciones regulatorias, cuyo fin es proteger objetos legítimos de bienestar público”, dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde.
La afirmación se produjo un día antes de la reunión trilateral entre Joe Biden, Justin Trudeau y López Obrador en Washington, además de la aparición de una nueva carta de las cámaras comerciales norteamericanas sobre el riesgo de la reforma constitucional para las inversiones de las empresas privadas.
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El anexo 14-B del capítulo de Inversión indica que las acciones regulatorias no discriminatorias de una parte que están diseñadas y aplicadas para proteger objetivos legítimos de bienestar público, como salud, seguridad y medio ambiente, no constituyen expropiaciones indirectas, salvo en “circunstancias excepcionales”.
El representante legal de CFE agregó que el capítulo 21 sobre Competencia dijo que el Estado tiene la obligación de combatir las concentraciones monopólicas y que la reforma energética “produjo monopolios privados, violando las reglas de libre competencia”.
Jiménez Vázquez recordó que los acuerdos más importantes, además del T-MEC, son el el Tratado TIPAT (Tratado Integral Progresista de la Asociación Transpacífico), y el TLCUEM (Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea).
Los grupos de presión de la iniciativa privada y think tanks en México han advertido que la reforma eléctrica del gobierno implica una expropiación indirecta a las empresas mexicanas que pone en riesgo MXN$44.000 millones en inversiones.
En octubre de este año, el CEO de la empresa estatal, Manuel Bartlett Díaz, dijo que CFE no indemnizará a las empresas privadas.
Consultores jurídicos consultados previamente por Bloomberg Línea dijeron que es muy probable que el Gobierno pague indemnizaciones a las empresas si estas rechazan integrarse al nuevo modelo eléctrico en caso de que se apruebe la reforma constitucional del presidente.
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