:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/T24HRG5LKNBJBGXFCFAFMIEOKI.jpg "Decreto de AMLO implica que de momento MXN$573,567 millones del presupuesto para inversión del próximo año sea susceptible de ser clasificado de seguridad nacional. (Cortesía: Gobierno de México)")
Ciudad de México — El decreto presidencial que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México pone en riesgo de opacidad alrededor de medio billón de pesos etiquetados en la Cartera de programas y proyectos de inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.
La redacción del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador implica que, de momento, un monto de MXN$573,567 millones del presupuesto para inversión del próximo año sea susceptible de ser clasificado como de seguridad nacional, por lo que el Gobierno podría reservar la información, desde un camino rural en Oaxaca, pero también de la Refinería de Dos Bocas.
El acuerdo declaró de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles.
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El acuerdo abarca otras modalidades, como energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
El decreto fue firmado por los titulares de 19 dependencias de la Administración Pública Federal (incluida la Oficina de la Presidencia), los cuales para 2022 tienen en su conjunto un presupuesto aprobado de MXN$133,096 millones en Cartera de programas y proyectos de inversión, de acuerdo con una revisión de Bloomberg Línea.
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de noviembre, no fue firmado por los titulares de Pemex, CFE, IMSS o ISSTE, sin embargo, al mencionar conceptos como “energético” y obras “prioritarias y estratégicas”, el monto susceptible al que le aplicaría el decreto aumenta, ya que en esas instituciones hay programas que aplican en esa definición.
De tal forma que el monto total susceptible del decreto asciende a MXN$573,567 millones de Cartera de inversión total para 2022, cantidad que incluye tanto el gasto de inversión de las dependencias del gobierno federal como el de los institutos de seguridad social y las empresas productivas del Estado.
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En 2022, turismo, hidrocarburos, seguridad e infraestructura son algunos de los rubros que tendrán importantes recursos para atender proyectos prioritarios de este sexenio.
Para 2022 se aprobaron MXN$63,737 millones en la Cartera de inversión de la Secretaría de Turismo que está a cargo del Tren Maya; y se aprobaron MXN$35,598 millones de inversión a la renombrada Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para caminos rurales y carreteras.
Un caso particular es el de la Secretaría de Energía, que tendrá en 2022 un gasto de inversión de MXN$45,000 millones para la Refinería de Dos Bocas, sin embargo, ese monto no fue registrado en la Cartera de inversión ante Hacienda, sino que fue registrado como “otras inversiones”.
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Manuel Guadarrama, coordinador del Área de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que el problema del decreto es que hace una generalización de los proyectos u obras que podrían clasificarse como de seguridad nacional, lo que deviene en una acción de inconstitucionalidad porque no se puede aplicar a todos los casos esa clasificación.
“Sí hay un riesgo importante en materia de transparencia de los recursos públicos, no en la parte presupuestal porque ahí veremos los informes de Hacienda, pero sí al momento de la ejecución de las obras hay un riesgo importante de opacidad, en el sentido de que los recursos públicos van a estar presentes a lo largo de todo el proceso de contratación pública”.
Manuel Guadarrama, IMCO
Guadarrama dijo que el riesgo es que no se podría profundizar en la ejecución de los recursos públicos de las obras y proyectos, además, advirtió que si algún funcionario decide fundamentar su actuación con este acuerdo, probablemente desatará una serie de impugnaciones de parte de los particulares.
Añadió que el decreto abarcaría los proyectos prioritarios de inversión de esta administración, así como todo lo relacionado con hidrocarburos.
La coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, opinó que “habrá más opacidad, más discrecionalidad a la obra pública del Gobierno (…) En riesgo nuestra seguridad personal, se autorizará iniciar construcción de obras sin cumplir requisitos”.
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