Imagen de Brasilia.
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Bloomberg Opinión — Los ministros de Finanzas han puesto límites a la formulación de políticas en América Latina desde la democratización de la región en los años ochenta y noventa. Ya no. Este cambio ha abierto más la puerta a políticas económicas populistas derrochadoras. Pero también crea un camino político más sostenible para una democracia con base en los mercados en toda la región. A través la interacción con el mundo político, los intereses empresariales pueden mostrar y convencer a los votantes de que el crecimiento económico a través de mercados abiertos puede traer una mayor prosperidad. De hecho, lo hace.

El mexicano Pedro Aspe y el argentino Domingo Cavallo ejemplificaron el ascenso de los ministros de Finanzas todopoderosos de la década de 1990. En el extranjero, se convirtieron en estrellas de rock en Wall Street. Eran halagados en conferencias, en los medios de comunicación y en las nevadas calles de Davos. En casa, reinaban por encima de otros miembros de los gabinetes, reduciendo las aspiraciones y los presupuestos de ministerios sociales como los de educación y salud. A veces, incluso pusieron en aprietos a sus propios presidentes al rechazar decisiones políticas altamente populares.

Esta concentración de poder produjo beneficios reales. Junto con bancos centrales cada vez más independientes, estos gurús financieros dominaron la hiperinflación, pusieron fin a ciclos destructivos de auge y caída y trajeron estabilidad macroeconómica. Muchos impulsaron sus economías para abrirse y diversificarse, creando sectores de exportación prósperos: los vinos y productos agrícolas chilenos y argentinos se lucían en los estantes de los supermercados mundiales, mientras que las alcachofas y espárragos peruanos impulsaron dietas más saludables en el extranjero, las flores de Colombia llenaron los refrigeradores de las floristerías y los automóviles construidos en México y sus partes recorrieron carreteras en todo el hemisferio.

Pero hubo costos. La escasez de controles sobre estos “tecnopolistas”, según la jerga utilizada en un libro académico de la década de 1990, precipitó la crisis del peso mexicano, lo que llevó a la moneda y la economía a desplomarse. La obstinación por mantener una paridad de uno a uno entre el dólar y el peso en Argentina, incluso cuando las condiciones financieras subyacentes cambiaron, precipitó una crisis financiera en 2001 de la que la nación aún no ha salido.

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El poder de veto a las políticas ejercido por los Ministerios de Finanzas llevó que el sector empresarial tradicional se volviera complaciente. Confiados en que podían ignorar el torbellino político y las frustraciones de la población en general, dado que las reglas del mercado y los límites financieros estaban bajo control, permitieron que los partidos conservadores languidecieran. En Argentina, la Unión del Centro Democrático (UCeDé), de tendencia promercado, se desvaneció durante la presidencia de Carlos Menem, al igual que el Frente Democrático de Perú bajo el Gobierno de Alberto Fujimori. Más recientemente, los partidos de derecha Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional de Chile han flaqueado y su candidato presidencial conjunto obtuvo menos votos que un economista independiente que hizo campaña desde Alabama. Si bien la desaparición de estos partidos tiene muchas causas, la falta sistemática de compromiso y apoyo de las empresas ha sido, sin duda, un factor importante.

Esa era de ministros de Finanzas todopoderosos ha terminado. El ministro de Economía argentino con vasta formación académica, Martín Guzmán, está haciendo contorsiones intelectuales para justificar el aumento de los salarios y la congelación de los precios de cientos de productos como una salida a la crisis de la deuda de la nación. El exsocio del sector de capital privado y discípulo de Milton Friedman, Paulo Guedes, traspasó los límites constitucionales de gasto de Brasil a solicitud del presidente Jair Bolsonaro, lo que llevó a la renuncia de cuatro miembros de su propio equipo. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pasado por tres secretarios de Hacienda en la misma cantidad de años. Y en Chile, incluso bajo la supervisión del presidente derechista Sebastián Piñera, los ciudadanos han retirado miles de millones de dólares de los fondos de pensiones, poniendo en riesgo el histórico sistema privado.

Sin duda, este cambio presenta el riesgo de volver a las políticas populistas y al entorno político que distorsionaron las economías locales y acumularon grandes deudas. La mezcla tóxica de Brasil ya ha inclinado su economía hacia la estanflación. México también entró en territorio de crecimiento negativo incluso antes del Covid-19 debido a las malas políticas económicas. Y Argentina aún se tambalea sin salir de sus apuros financieros.

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Pero la descentralización del poder también devuelve el proceso democrático a algunas de las decisiones más importantes que afectan la vida de los ciudadanos comunes que los gobiernos pueden tomar. De esta manera, América Latina se ha vuelto más democrática, ya que todo tipo de políticas (descabelladas o no) están sobre la mesa. Las discusiones económicas más amplias favorecen la estabilidad y la sostenibilidad a más largo plazo, ya que esta superposición democrática es importante.

Esto también significa que las comunidades empresariales de América Latina deben apelar directamente a las personas. Necesitan construir partidos políticos programáticos que puedan convencer a las mayorías de votantes por qué las economías abiertas, los mercados más libres y el gasto público medido también son buenas inversiones para ellos. Si se lleva a cabo de manera transparente y sostenida, este tipo de trabajo político puede expandir el electorado hacia una política económica con visión de futuro y producir resultados económicos más estables e inclusivos. No importa cuán amables o experimentados puedan ser los futuros tecnopolistas, es poco probable que las políticas favorables al mercado se mantengan sin un amplio apoyo de los votantes.